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Las elecciones intermedias en Estados Unidos dejaron un mensaje que va más allá de la disputa entre demócratas y republicanos: el poder político también debe tener límites y la defensa de los derechos humanos no puede quedar subordinada a los intereses de un gobierno.
El llamado de Amnistía Internacional es contundente: los resultados electorales deben convertirse en un punto de inflexión frente a las políticas de la administración de Donald Trump, particularmente aquellas que han debilitado las garantías individuales, profundizado la discriminación y colocado a las comunidades migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad.
La organización advierte que quienes resultaron electos tienen una responsabilidad que trasciende sus distritos y estados. Sus decisiones repercuten dentro y fuera de las fronteras estadounidenses, especialmente cuando se trata de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Y es que el problema no es menor. La política migratoria de Trump ha estado marcada por deportaciones masivas, detenciones arbitrarias, señalamientos racistas y operativos contra comunidades migrantes. Amnistía Internacional ha documentado abusos cometidos por agentes federales, incluidos integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como prácticas de discriminación racial y uso ilegítimo de la fuerza.
En ese contexto, las elecciones adquieren una dimensión distinta. No se trata solamente de quién obtiene más escaños o quién controla el Congreso, sino de qué harán los nuevos representantes con el poder que les otorgaron los ciudadanos.
Amnistía Internacional pone el dedo en una responsabilidad fundamental: el Congreso debe ejercer sus facultades de vigilancia, investigar los abusos del Ejecutivo, impulsar reformas y exigir cuentas a quienes hayan vulnerado la ley. La impunidad no puede convertirse en una política de Estado ni la discriminación en una herramienta de gobierno.
El desafío también alcanza a México. Millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos y forman parte de comunidades que enfrentan directamente las consecuencias de las decisiones migratorias. Las deportaciones, la separación de familias y el temor a los operativos federales tienen efectos sociales, económicos y humanos que inevitablemente cruzan la frontera.
Por eso, el resultado electoral no debe interpretarse como una solución automática. Ganar una elección no garantiza el respeto a los derechos humanos, como tampoco perder espacios políticos significa que desaparezcan las prácticas autoritarias.
La advertencia de Amnistía es oportuna: rendición de cuentas por encima de impunidad, igualdad por encima de discriminación y derechos humanos por encima del ejercicio arbitrario del poder.
Las urnas ya hablaron. Ahora corresponde a los nuevos representantes demostrar que escucharon.
Y Sepa La Bola pero en medio de los cuestionamientos contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos de corrupción y las irregularidades que arrastra desde su etapa como IFE, Lorenzo Córdova decidió recurrir a sus redes sociales para recordar su paso por el organismo y, de paso, contrastar las críticas que enfrentó con la situación que actualmente vive Guadalupe Taddei.
El exconsejero presidente recordó que hace cinco años compareció ante la Cámara de Diputados para explicar el presupuesto y funcionamiento del INE. Aseguró que, pese a los gritos, acusaciones y descalificaciones del oficialismo, respondió los cuestionamientos y defendió al organismo electoral.
Un mensaje que aparece en un momento en que la gestión de Taddei enfrenta cuestionamientos y señalamientos sobre el funcionamiento y manejo de recursos del instituto. La comparación, aunque no la hizo explícita, quedó sobre la mesa.
