Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela lidia con las devastadores consecuencias de los terremotos que causaron al menos 2.595 muertos y que han puesto en suspenso el proceso de reformas institucionales y el camino hacia unas eventuales elecciones.
La captura del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y tres regiones aledañas el 3 de enero había abierto un nuevo y prometedor capítulo para un país atrapado en una prolongada crisis política, económica y social.
Pero ahora esa misma Venezuela atraviesa una emergencia nacional que ha enlutado a miles de familias y lucha por curar a los más de 12.000 heridos.
El país petrolero, con una infraestructura deteriorada tras años de corrupción, falta de mantenimiento y cuestionadas gestiones, tiene hoy también ante sí el colosal reto de subsanar los daños físicos equivalentes a 6.700 millones de dólares, alrededor del 6 % del producto interno bruto (PIB), según estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Gobierno venezolano cifra en más de 12.800 las personas que se quedaron sin viviendas debido a comprometedores daños y al colapso de numerosos edificios, la gran mayoría en el estado costero de La Guaira, en el norte del país y aledaño a Caracas, el más golpeado por los terremotos.
Se trata de una catástrofe que pone a prueba no solo al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, sino a su nuevo “amigo y socio”, Estados Unidos, y al plan establecido por la Administración de Donald Trump para Venezuela, especialmente la segunda de las tres fases: recuperación.
Según Washington, su plan “permanece intacto”.
Estabilización, recuperación…
En los seis meses previos y bajo la lupa de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez promovió la apertura de sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión privada y extranjera, desmontó progresivamente el gabinete de Maduro y renovó el alto mando militar.
La líder chavista también impulsó una amnistía y cientos de excarcelaciones de presos políticos y anunció un proceso de reforma del sistema de justicia penal y otro para la reestructuración del Gobierno.
La semana anterior a los sismos, EE.UU. había dado un paso enfocado en la tercera y última etapa de su plan: la transición, con el envío a Caracas de la opositora Dinorah Figuera para comenzar unas conversaciones con el chavismo, dejando al margen a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien ha insistido en que tiene “la responsabilidad de dirigir” una negociación con el Gobierno de Rodríguez.
Las conversaciones entre el presidente del Parlamento y hermano de la jefa de Estado, Jorge Rodríguez, y Figuera se sumaban al proceso de renovación institucional, ya que, según esta opositora, uno de los principales objetivos es conformar un “vigoroso, creíble y transparente” Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por el chavismo.
El interinato
Figuera había adelantado que tenían que “entregar en diciembre de 2026 el producto de un trabajo”, lo que hoy luce borroso, al estar toda la atención enfocada en la tragedia, que coincide también con el vencimiento del plazo del interinato.
Según la Constitución, la falta temporal del mandatario será suplida por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por 90 más, para un total de 180 días, en caso de que así lo decida el Parlamento, que al final no lo discutió.
En todo caso, este 4 de julio se cumplen esos 180 días, por lo que ahora el Parlamento, controlado por el chavismo, debería decidir si hay o no una ausencia absoluta.
De declararse la falta absoluta, se debe celebrar una “elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”, y mientras tanto, Delcy Rodríguez seguiría al frente del Ejecutivo.
Sin embargo, el mismo día de la captura de Maduro, el Supremo había declarado que la ausencia del chavista se dio en una “situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución”.
Por tanto, ordenó que Rodríguez asumiera la Presidencia encargada, sin que ello implicara “decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta) ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación” posteriormente.
