Para seguir impulsando el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de un gobierno flexible y facilitador, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda lanzó el acuerdo estatal: “Cero Clausuras: Confianza y Legalidad para el Desarrollo”.
Acompañado por el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, el Mandatario estatal destacó que la iniciativa busca apoyar a los negocios locales para regularizarse, en lugar de cerrarlos por faltas administrativas menores, y que tengan las mismas oportunidades que las compañías extranjeras.
“Lo que hoy publicamos, es el piso, es el arranque de toda la facilidad que el gobierno da a una inversión extranjera, se aplique el mismo criterio a las Pymes de Nuevo León, el mismo, exenciones, el impuesto sobre nómina, las facilidades, el tiempo”, explicó García Sepúlveda.
Ante los representantes de las Cámaras empresariales, el Gobernador aprovechó para reiterar el compromiso de su administración para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas e hizo un llamado a la Mesa de Coordinación Metropolitana para generar un proyecto municipal que sume a la iniciativa estatal y homologar procesos para la competitividad regional.
Betsabé Rocha destacó que mediante la iniciativa se busca que las empresas cumplan con la normativa a fin de evitar la clausura en negocios de bajo impacto que no impliquen un riesgo a la salud.
“Vamos a tener a todo el gobierno, todas las dependencias estatales para ayudarles a que se regularicen en un periodo de 1 año en donde todos vamos a ser equipo para que puedan tener el piso parejo que tanto se pide”, indicó.
Por su parte, Jaime Herrera, presidente de la CANACO, resaltó que se trata de hacer un trabajo conjunto para preservar el equilibrio, con la simplificación de trámites y que los negocios puedan formalizarse en cosas vitales y posteriormente las secundarias.
El programa forma parte de la estrategia integral “Nuevo León Cumple”, impulsada por la Secretaría de Economía y la Oficina Ejecutiva del Gobierno del Estado, con el objetivo de consolidar un modelo basado en reglas claras, trámites digitales, inspecciones transparentes y combate a malas prácticas tanto en el sector público como privado.
El acuerdo establece que, cuando una autoridad detecte incumplimientos administrativos no graves, el procedimiento priorizará la orientación y el acompañamiento, medidas correctivas o advertencias, plazos razonables para regularización, y la clausura únicamente como último recurso.
De ese modo se impulsará la economía y el empleo; se reducirán cargas regulatorias; y facilitará que los negocios operen legalmente.
Asimismo, la estrategia mantiene plenamente vigentes las facultades de inspección y sanción relacionadas con seguridad, salud pública, protección civil, medio ambiente y cumplimiento legal, por lo que no aplicará en casos de riesgo a la vida, daños ambientales, reincidencia, delitos o denuncias ciudadanas fundadas.
En el documento se integran también mecanismos de corresponsabilidad, estableciendo que las dependencias estatales deberán aplicar el programa y que cualquier servidor público que incurra en malas prácticas podrá ser sancionado.
