La sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión que busca lograr MORENA y sus partidos aliados implicará graves daños para la vida social y económica para el país, pues implicaría una peligrosa concentración del poder que derivaría en un desmantelamiento del Poder Judicial, eliminación de contrapesos, pérdida del grado de inversión por parte de las agencias calificadoras, caída en la captación de inversión y desempleo, alertó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
Y como vestigio de la incertidumbre que genera la alta posibilidad de que el partido oficialista y sus aliados concreten sus paquetes de reformas constitucionales es el menor dinamismo que ya reporta la economía mexicana,
Al respecto, el IMEF anunció que estima que este año la economía mexicana podría alcanzar un crecimiento de apenas 1.7 por ciento, menor al 2.1 y 2.0 proyectado en junio y julio pasado, respectivamente.
Y para el 2025 (el primer año de la administración de la entonces presidenta Claudia Sheinbaum), el pronóstico apunta a un pobre avance de 1.5 por ciento del PIB nacional, lo que contrasta con las estimaciones de 1.7 y 1.6 lanzadas en junio y julio de este año.
“La sobrerrepresentación traería, entre otras consecuencias, la posible concentración de poder y el debilitamiento del equilibrio de poderes. En cualquier democracia lo deseable es la existencia de pesos y contrapesos para mantener un sistema democrático equilibrado, justo y transparente donde el poder esté distribuido de manera que se protejan los derechos de todos los ciudadanos”, afirmó el IMEF.
En este sentido, el organismo afirmó que la reforma al Poder Judicial –que incluye, entre otros temas, reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la elección de los jueces por voto popular– disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, así como a la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que los jueces pudieran enfrentar presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad.
A su vez, la eliminación de los órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tendría graves consecuencias para la economía y la confianza de los inversionistas, porque se dejaría de contar con organismos técnicos especializados necesarios para evitar la intervención gubernamental sesgada que altere decisiones técnicas de libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano.
“De llevarse a cabo las reformas constitucionales tal y como están planteadas y tener una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, México tendría que enfrentarse a un escenario económico, financiero y de negocios adverso porque se debilitaría la confianza en las instituciones y en la seguridad jurídica, lo que generaría un ambiente de pérdida de confianza para los inversionistas y habría un entorno desfavorable para la competencia y la innovación que podría ocasionar pérdida de competitividad en los mercados internacionales”, señaló el IMEF.
