Redacción
México enfrenta su mayor déficit público en más de tres décadas, alcanzando un 5.9% del PIB en 2024. De acuerdo con los Pre-Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025, este déficit ha sido impulsado por los grandes proyectos de infraestructura de la administración actual. Para 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta reducir este déficit a un 3.0% del PIB mediante una consolidación fiscal que incluye aumentar los ingresos y/o reducir el gasto público
Ante ello, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que, incluso con la finalización de los proyectos prioritarios, la reducción de las tasas de interés y el posible combate a la informalidad, se necesitaría una reducción adicional del déficit público.
En el documento “La consolidación fiscal 2025. Retos para el próximo sexenio”, el CIEP detalla que la conclusión de los proyectos prioritarios (Tren Maya, el Insurgente, el Suburbano-AIFA y el Corredor Interoceánico) tendría una reducción del déficit del 0.5% del PIB. Aunado a ello, si las tasas de interés promedio se reducen el próximo año, se obtendría un beneficio adicional de 0.6% del PIB por el costo de la deuda pública, lo que da un total del 1.1%. Por lo tanto, se necesitaría una disminución adicional del 1.8% del PIB para cumplir con la consolidación fiscal.
Una de las medidas con las que se podría obtener mayores ingresos, es el combate a la informalidad, especialmente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Si se lograra reducir la informalidad en un 25%, la recaudación aumentaría 0.8% del PIB.
En cuanto a la reducción del gasto público, ya que más del 60% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 son compromisos ineludibles, se debe proteger sectores como educación y salud, para evitar efectos negativos a largo plazo.
El CIEP refiere que el desafío de la consolidación fiscal también está relacionado con el próximo cambio demográfico. Pues a partir de 2031, aumentará la tasa de dependencia, que podría comprometer el crecimiento futuro si no se eleva la productividad laboral mediante más inversiones.
En este contexto, el CIEP reitera en la necesidad de una reforma fiscal integral que no solo mejore la efectividad recaudatoria, sino que también promueva la equidad fiscal y responda a las necesidades de la transición demográfica. Es necesaria una discusión pública sobre cómo reducir los gastos ineludibles y diseñar políticas recaudatorias acordes con los cambios demográficos que enfrenta el país.
