Con el objetivo de combatir la especulación inmobiliaria, frenar la gentrificación y proteger a las familias capitalinas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, detalló la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, presentadas recientemente ante el Congreso de la Ciudad de México.
Remarcó que en dicha propuesta se prevén siete puntos estratégicos para garantizar el derecho al arraigo mediante la creación de la Defensoría Inquilinaria, la limitación de los requisitos de arrendamiento y la protección equitativa, tanto para inquilinos como para arrendadores.
“Nosotros defendemos que las ciudades son de quienes las habitan, no sólo de quienes pueden pagarlas. Frente a la especulación, derecho a la vivienda, y frente a la expulsión, derecho al arraigo”, expresó.
En conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local destacó la urgencia habitacional en el panorama global y local, señalando que la vivienda es la gran causa de los movimientos sociales urbanos de nuestra época.
“La vivienda condensa la disputa mundial entre los modelos de sociedad, la pugna incesante por el derecho a vivir y permanecer en las grandes ciudades del mundo”, indicó.
Tras recordar que en la capital casi el 30 por ciento de las familias rentan una vivienda, y que en este rubro los precios se han multiplicado por cinco en las alcaldías centrales durante los últimos 20 años, Brugada Molina expuso que en los últimos 15 años la cantidad de personas que rentan se ha incrementado un 54 por ciento, lo que ha provocado que las familias lleguen a destinar hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales para el pago de vivienda.
Por ello, la primera medida de los siete puntos estratégicos presentados establece que los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual, dotando de instrumentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de este principio y evitar que el mercado inmobiliario profundice las diferencias sociales.
Una segunda medida será la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones que permitirá exigir sólo una garantía para rentar, eliminando la práctica de pedir avales múltiples y pólizas jurídicas excesivas, así como prohibir la discriminación de cualquier y tipo y fijar deberes claros para los inquilinos.
En tercera instancia, anunció la creación de la Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá defensa jurídica gratuita. Como cuarta medida, la ley promoverá contratos estables con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos, facultando sanciones ante aumentos ilegales o daños al inmueble.
Como quinto punto, se ampliará la oferta de vivienda social y asequible, sumando a la iniciativa privada mediante apoyos a los propietarios que suscriban contratos multianuales. En materia de desalojos, el sexto punto plantea la creación del Gabinete de Acompañamiento Social para intervenir, siempre respetando las resoluciones judiciales, y ofrecer alternativas habitacionales o apoyo para renta. Asimismo, se regulará a los cargadores exigiendo personal capacitado que será contratado por el Poder Judicial.
“Enviamos un mensaje claro: en esta ciudad ningún desalojo puede violar los derechos humanos”, subrayó. Todo el panorama será monitoreado a través de un nuevo Observatorio Público de Vivienda para una mejor planeación.
