En cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y como resultado de los procedimientos substanciados por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla emitió siete resoluciones sancionatorias que derivaron en destituciones e inhabilitaciones temporales para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el incumplimiento de obligaciones previstas en la legislación vigente.
Las resoluciones corresponden, principalmente, a faltas administrativas no graves relacionadas con la omisión en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como con el incumplimiento de los principios que rigen el servicio público.
Las sanciones impuestas son las siguientes:
* Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP)
Ana María N. fue sancionada con destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por cinco meses y doce días, por transgredir los principios de lealtad e integridad que rigen el servicio público, previstos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código de Ética aplicable, al presentar dentro de un procedimiento escalafonario una cédula profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido, conducta que se encuadra en el artículo 49, fracción I, de la citada Ley.
* Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
Carlos N. fue sancionado con destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por seis meses, por omitir presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión, conforme al artículo 49, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
* Secretaría de Seguridad Pública
Cristian N. fue sancionado con destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por cuatro meses y veinticuatro días, por omitir presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión.
* Secretaría de Bienestar
Erika N. fue sancionada con destitución de su empleo, cargo o comisión, por omitir presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de inicio.
José Edmundo N. fue sancionado con destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por cinco meses y doce días, por omitir presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión.
* Organismo Público Descentralizado “Convenciones y Parques”
José Ismael N. fue sancionado con destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por cinco meses y doce días, por omitir presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión.
Julián Manuel N. fue sancionado con destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal por cinco meses y diecinueve días, por omitir presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión.
Las sanciones fueron impuestas conforme a las atribuciones conferidas a esta Secretaría y en estricto apego al debido proceso, lo que garantiza en todo momento los derechos de audiencia y defensa de las personas servidoras públicas involucradas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso con la legalidad, la integridad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, al fortalecer una administración pública transparente, responsable y cercana a la ciudadanía, en congruencia con la visión del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, de consolidar un gobierno honesto y de resultados.
Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones; en su caso, esta dependencia defenderá las determinaciones con la misma firmeza con que fueron investigados y substanciados los procedimientos.
El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno. Denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos. Se invita a denunciar estos actos cometidos por personas servidoras públicas a través del portal: prointegridad.puebla.gob.mx.
