Los números pueden contar una historia, pero rara vez cuentan toda la historia. En Sinaloa, el primer trimestre de 2026 ofrece un ejemplo claro: los homicidios bajan, pero la violencia no cede. Se transforma.
A simple vista, la reducción en asesinatos podría interpretarse como una señal de mejora. Después de meses con niveles alarmantes derivados de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, el descenso reciente parece marcar una pausa. Pero no es lo mismo una caída sostenida que una desaceleración después de un pico crítico. El acumulado sigue siendo alto y el contexto no ha cambiado de fondo.
Porque mientras los homicidios disminuyen, otros delitos avanzan en sentido contrario. Las lesiones dolosas crecen, los robos mantienen presión y la violencia familiar se expande. Es decir, la violencia no desaparece: se desplaza hacia formas más cercanas a la vida diaria. Ya no es solo el enfrentamiento entre grupos criminales lo que define el clima de inseguridad, sino lo que ocurre dentro de las colonias, en los hogares, en los espacios comunes.
Ese cambio es más profundo de lo que parece. Un homicidio impacta por su gravedad, pero la suma de agresiones, robos y conflictos cotidianos erosiona de manera constante la percepción de seguridad. Es una violencia menos visible en titulares, pero más persistente. Y, en muchos casos, más difícil de contener.
El problema es que el discurso oficial suele anclarse en los indicadores más visibles. Desde el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo se ha insistido en que hay avances en seguridad. Y es cierto: la baja en asesinatos es un dato que no se puede ignorar. Pero tampoco se puede aislar del resto del panorama.
Porque el balance completo cuenta otra cosa: miles de víctimas en apenas tres meses, una tendencia creciente en la incidencia total y un estado que sigue marcado por la disputa criminal. Sinaloa no está entrando a una fase de pacificación, sino a una etapa de reconfiguración de la violencia, y para colmo el señalamiento de su gobernador como cómplice de la delincuencia organizada que ha mostrado su poderío en muchas ocasiones, la más: el ‘Culiacanazo’.
Y Sepa La Bola pero en este contexto las críticas al gobierno estatal tienen mayor peso. Ejemplo es el Gibrán Ramírez Reyes, ex militante de Morena, quien ha sido particularmente contundente al señalar al gobernador Rubén Rocha Moya.
“Llevo años denunciando a Rubén Rocha Moya y a su gobierno mafioso. No me he callado ante el vil asesinato de Héctor Melesio Cuén, ni lo haré. Lo he dicho en tribuna, en entrevistas, en Puntos de Acuerdo, y en cada espacio público disponible. Hoy reitero que a nadie le conviene que Sinaloa siga hundido en una crisis de gobernabilidad. Ni al Estado mexicano, ni a la presidenta, ni a las y los sinaloenses, a ningún habitante de la república”.
El señalamiento no es menor. En un contexto donde desde el gobierno federal se insiste en la necesidad de pruebas contundentes para sostener acusaciones, especialistas en derecho han subrayado un punto clave: dichas pruebas se desahogan y se valoran durante el juicio, no necesariamente como requisito previo para solicitar la extradición del gober, quien ventiló que la presidenta le pidió: “Ya no digas en públicoque estamos en contacto ni que te estoy respaldando”.
La consigna de que el mandatario estatal “no está solo” contrasta con un entorno donde las dudas crecen, no solo por la violencia, sino por la percepción de que las instituciones no están logrando contenerla ni explicarla. Ahí es donde la discusión deja de ser únicamente jurídica y se vuelve política: confianza, legitimidad y gobernabilidad.
El riesgo es doble. Por un lado, normalizar una violencia que cambia de forma pero no desaparece. Por el otro, permitir que esa violencia erosione la confianza en el gobierno sin que haya respuestas claras.
Sinaloa hoy no es menos violento. Es violentamente distinto. Y también políticamente más frágil. Será muy interesante y observada la próxima contienda electoral.
Y Sepa La Bola, pero el tiroteo en Teotihuacán dejó señales. La reapertura del sitio tras un hecho violento, con rastros visibles de sangre en la zona de la Pirámide de la Luna, es inaceptable, como se ha evidenciado en redes sociales. Eso proyecta una imagen inquietante: la prisa por volver a la normalidad sin procesar lo ocurrido.
No es únicamente un asunto operativo. Es una cuestión de sensibilidad institucional. Cuando un espacio con ese peso simbólico se reactiva sin atender siquiera esos detalles, el mensaje es claro: la violencia puede incorporarse al paisaje cotidiano sin mayor consecuencia.
