• A un año del servicio, INPER tiene adeudo millonario con empresa de limpieza.
Luis Antonio Fonseca Rodríguez, Jefe de Departamento de Servicios del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), acudió en estado de ebriedad a la reunión convocada el pasado 21 de enero en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), que encabeza Raquel Buenrostro, lo que obligó a suspender la audiencia de conciliación relacionada con el adeudo por más de 6 millones de pesos que el instituto tiene con la empresa de limpieza que le dio el servicio hace un año.
El hecho que se realizó en horario y días hábiles, quedó consignado en el acta con el expediente número CONC/843/2025, levantado en la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la cual se indica que durante la presentación, la junta fue interrumpida al notar que el representante del INPER advirtiera un comportamiento y “expresiones erráticas”.
Según el acta levantada, la funcionaria de la Secretaría Anticorrupción a cargo de la reunión, preguntó a Luis Fonseca que respondiera si es que había ingerido bebidas alcohólicas antes de iniciar la cita, a lo que el funcionario del INPER respondió con un sínico “si”.
Acto seguido, el representante de la SAyBG a cargo de la junta, determinó suspender la audiencia y reprogramarla para el próximo 5 de febrero, lo que implica un nuevo periodo de espera para la resolución del conflicto y prolonga la incertidumbre de los trabajadores de la empresa de limpieza, quienes dependen del pago adeudado.
Hasta el cierre de esta información, se ha solicitado una postura oficial a la directora del INPER, Dra. Ana Cristina Arteaga Gómez, para que aclare si avala las conductas irregulares del personal a su cargo, tanto en la negativa a cubrir los adeudos con empresas proveedoras como en la ingesta de bebidas alcohólicas de su personal durante horarios laborales y reuniones oficiales, sin tener respuesta.
Por su parte, Fernando Lorenzo quien es representante legal de la empresa de limpieza Aseo Privado Institucional, señaló que este hecho refleja el trato desigual que enfrentan las empresas proveedoras por parte de algunos funcionarios públicos. “Parece existir un doble rasero: a las empresas se les sanciona por cualquier error, mientras que a los funcionarios que retrasan pagos o incurren en irregularidades administrativas se les cubre con el velo de la impunidad”, afirmó.
