Redacción
El sistema de salud de las Fuerzas Armadas atraviesa una etapa crítica de concentración de poder y recursos. Al centro del esquema aparecen dos empresarias: Samantha Bárcenas y Nelly Guevara, quienes se han beneficiado de adjudicaciones directas por parte de la Dirección General de Sanidad Militar, bajo el mando del General Carlos Alberto Rojas Martínez.
Ambas han logrado posicionarse como las principales contratistas en áreas vitales como el suministro de medicamentos, servicios de anestesia, bancos de sangre y equipo médico. De acuerdo con versiones periodísticas y reportes oficiales, se ha identificado una práctica recurrente: declarar desiertas licitaciones públicas para luego asignar contratos sin competencia a compañías vinculadas a ambas proveedoras.
Bárcenas, integrante del grupo empresarial Vitalmex, ha sido señalada por fallas e irregularidades en los procesos de entrega de insumos críticos. Por su parte, Guevara, al frente de la firma SYMA, mantiene vínculos con figuras de alto nivel dentro del Ejército, incluido el exsecretario Salvador Cienfuegos.
Una licitación clave para servicios de hemodinamia, valuada en más de 750 millones de pesos, se mantiene actualmente detenida, mientras se perfila su asignación a estas proveedoras a través de su socio Julio Huajuca.
Este sistema ha creado una red de poder que, lejos de responder al interés sanitario, responde a un esquema cerrado de control y favoritismo. Expertos en transparencia han advertido que este tipo de prácticas no solo violan principios de libre competencia, sino que profundizan el desabasto estructural que afecta a personal militar y sus familias.
