La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México decretó este jueves la intervención temporal de las instituciones financieras CI Banco e Intercam, así como de Vector Casa de Bolsa, presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo, según las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.
En un comunicado, la CNBV señaló que la intervención ocurre de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito “y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”.
Como consecuencia, sustituye a los órganos administrativos y a los representantes legales de ambos bancos, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones.
“Dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, precisó.
Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que la situación que atraviesan ambos bancos “no representa un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado”.
Señaló, asimismo, que la intervención anunciada por la CNBV busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen los estándares regulatorios.
Además, dijo que mantiene colaboración y diálogo con las autoridades mexicanas para proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario nacional “que hoy registra niveles históricos de capitalización y liquidez”.
CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa están bajo investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntas irregularidades en sus transacciones.
Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió a las autoridades estadounidenses que presenten “pruebas” sobre las acusaciones y argumentó que son solo “dichos”; aunque apuntó que, de comprobarse las actividades ilícitas se actuaría y no habría impunidad.
El miércoles, las instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.
Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139.000 millones de dólares anuales.
