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Exigen ONGs de Chiapas plan de justicia hídrica

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Investigan ingreso ilegal de plátano desde Guatemala / Por Alicia Valverde 

Luego de que productores de plátano exigieron al gobierno federal que emprenda acciones inmediatas para frenar el contrabando de este fruto por la frontera con Guatemala, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) expuso que la Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) solicitó a la autoridad fitosanitaria de ese país información que permita conocer la trazabilidad de esta mercancía. Esto incluye desde la producción en campo hasta su empaque, con el fin de otorgar los permisos, autorizaciones y certificaciones sanitarias estrictamente necesarias para garantizar el tránsito seguro de cargamentos de plátano que cruzan por México hacia otros países. En un comunicado señaló que en sesión de trabajo del grupo V del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria (Senasica) acordó integrar una mesa de trabajo para atender las denuncias de contrabando de ganado y productos agroalimentarios. Se propuso que la mesa de trabajo esté integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y será convocada por el Senasica para atender esta y otras denuncias de productos agropecuarios y acuícolas. Agregó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) mantiene, dentro de su competencia, actividades permanentes de vigilancia epidemiológica, diagnóstico fitosanitario y manejo de plagas en las principales zonas productoras del país. Ofrecen asistencia técnica Más de 80 técnicos del Senasica acompañan de manera permanente a las y los productores de plátano en 16 de las 32 entidades del país, con acciones de asistencia técnica y capacitación para el control y la detección oportuna de Plagas Reglamentadas del Plátano. Entre las acciones implementadas se encuentran la exploración, muestreo, diagnóstico, control de focos de infección y controles biológicos, para fortalecer la prevención y mitigación del riesgo de dispersión de diversas plagas, como la llamada Moko del plátano o el conocido Ácaro del Bronceado del Banano, entre otras. En 2025 se vigilaron con drones más de 6 millones de plantas de plátano en Veracruz, Colima y Michoacán y más de 6.5 millones de plantas en Chiapas y Tabasco. Senasica, inspecciona en los puntos de ingreso al país  cargamentos y equipajes de turistas para evitar la introducción de frutos y mercancías de riesgo; producto de estas labores de supervisión, cada año se retienen más de 22 mil frutos y material vegetativo de plátano, que son incinerados como medida de prevención. Es importante destacar que México prohíbe importar fruto fresco o material vegetal propagativo de cualquier país, por el riesgo de introducción de plagas y porque las productoras y productores mexicanos cosechan plátano suficiente para cubrir el abasto nacional.

Redacción

Organizaciones no gubernamentales, patronatos de agua, indígenas y defensores de los derechos humanos sobre la crisis de agua que existe en el estado de Chiapas (sureste), región que cuenta con el 30 % de los recursos hídricos del país, exigieron este miércoles al Gobierno de México un plan de justicia hídrica para el estado.

“A pesar de que Chiapas es un estado que tiene más agua en el país -30 % de las aguas superficiales del país- también es el estado que está al final de la lista en términos de disponibilidad y calidad de agua en los hogares, ya que menos del 30 % de la población, unos cinco millones, en Chiapas, recibe agua todos los días en su casa”, dijo en entrevista con EFE Fermín Reygadas Robles Gil, director general de la ONG Cantaro Azul.

Las organizaciones expusieron en conferencia que la crisis climática ha puesto en riesgo a más de 3 millones de personas en Chiapas, sobre todo en las localidades rurales, donde habita el 51 % de las personas, y donde se encuentran establecidas, principalmente, las comunidades indígenas (26 % de la población total delestado), quienes ante la falta de agua viven una situación crítica.

Precisamente, la falta de acceso al agua obliga a mujeres, niños y niñas a recorrer largas distancias a pie para abastecer a sus familias del vital líquido, lo que implica poner en riesgo su seguridad y su salud, aunque también la calidad del agua es alarmante.

“Chiapas es el segundo estado con mayor mortalidad infantil asociado a la presencia de enfermedades gastrointestinales, podemos hallar en registros oficiales que señalan que el 48 % de esas muertes de niños y niñas podrían evitarse si hubiera agua segura”, aseguró Mónica Olvera, coordinadora de Cambio Sistémico de la ONG Cántaro Azul.

Ante estos datos, Maribel López, indígena de la etnia tzeltal del municipio de Sitalá, exhortó, en nombre de las mujeres indígenas, a las autoridades mexicanas “a tomar cartas en el asunto ya que las mujeres son las que más sufren (esta crisis) por que se encargan del cuidado de la familia y de la casa”.

Los activistas y ambientalistas señalaron que Chiapas, el paraíso hídrico de México, enfrenta serios problemas de contaminación ya que el 70 % de sus ríos se encuentran contaminados y existen sequías periódicas -signos evidentes de la crisis climática-, ya que la crisis del agua es una realidad en el estado.

Según un reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), solo 41 de los 124 municipios de Chiapas cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y en algunos municipios ni siquiera cuentan con la instalación, como es el caso de San Cristóbal de Las Casas, que a pesar de ser destino turístico, sus aguas se encuentran contaminadas y eso lo ha colocado como un municipio con altos niveles de enfermedades gastrointestinales.

Además, señalaron que a pesar de las graves consecuencias para la salud y los altos costos económicos, la inversión del Gobierno federal en agua y saneamiento en Chiapas ha disminuido drásticamente durante los últimos 10 años, pasando de 1.000 millones de pesos (unos 59 millones de dólares) a sólo 100 millones de pesos anuales.

Ante este panorama, las organizaciones y patronatos de los municipios de Sitalá, Trinitaria , Chenalhó y Zinacantán exigieron “que el agua sea prioridad en la agenda política” y para ello pidieron la construcción de una política gubernamental de largo plazo que asegure el acceso equitativo y sustentable del agua y al saneamiento en Chiapas.

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