Redacción
Quintana Roo quedó entre los tres estados de México con peor puntaje en la evaluación de la adherencia al estado de derecho, realizado por la organización internacional World Justice Proyect.
Para el ranking 2023, Quintana Roo obtuvo un puntaje de 0.36, lo que lo coloca como el más bajo del país, junto con Guerrero y la Ciudad de México.
Los seis estados del país que destacaron por sus mejoras continuas desde la primera edición del índice de Estado de Derechos en México, iniciado en 2018, son Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Baja Californa Sur, Tamaulipas y Sonora.
Según la organización internacional, la quinta edición de esta medición “evidencia la falta de avances substantivos en materia de estado de derecho en la mayoría de las entidades del país”.
El WJP midió ocho factores, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Quintana Roo quedó último, de 32 estados en cumplimiento regulatorio; penúltimo en en el límite al poder gubernamental y en corrupción; vigésimo octavo en derechos fundamentales, en justicia civil y en justicia penal; vigésimo cuarto en orden y seguridad; y octavo en gobierno abierto.
Lo anterior, porque de acuerdo a la investigación, los Poderes y órganos autónomos no son un contrapeso eficaz al Ejecutivo, además de estar por debajo de la media en casi todas las mediciones.
Mediante su cuenta de Twitter, la WJT explicó que la calificación promedio de los 32 estados fue de .42, en una escala de cero al uno, en donde cero representa una ausencia de Estado de Derecho y uno una fuerte adhesión.
Según la organización internacional, en comparación con la edición pasada, los puntajes mostraron cambios marginales, aumentando en solo en 19 estados, descendiendo en tres, y permaneciendo sin cambio 10.
Para la WJT los resultados indican que los avances en materia de estado de derecho son escasos, ya que todos los estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea, lo que representa un desafío para alcanzar un estado de derecho sólido.
El ranking evalúa ocho aspectos: ausencia de corrupción, límites al poder gubernamental, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
