*Más de 32.3 millones de mexicanos enfrentan condiciones laborales sin protección y con evasión de la carga impositiva.
Redacción
Más de la mitad de las personas ocupadas de 25 a 64 años trabajan en México de manera informal; una cifra insostenible que atenta contra el bienestar de los trabajadores y los consumidores y limita los recursos para realizar políticas públicas.
De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 el 55.2 por ciento de la población ocupada trabajó de manera informal. Esta cifra, registrada en el segundo trimestre de 2023, representa un incremento de 284 mil personas respecto al mismo lapso de 2022, y refleja una problemática insostenible que presenta una amenaza para el crecimiento de la economía mexicana y, especialmente, para el sector de Comercio, Servicios y Turismo.
De esta manera, más de 32. 3 millones de mexicanos se desempeñan en todas las modalidades de empleo informal, sufriendo las consecuencias del mismo. La informalidad laboral no cumple, de acuerdo con la propia definición proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo, con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo; vulnera de esta manera el bienestar de los trabajadores impidiendo su acceso a cobertura de salud o vivienda, transgrede los derechos de los consumidores y daña la economía de México en su conjunto, limitando su crecimiento.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), Héctor Tejada Shaar, llamó a redoblar esfuerzos de autoridades, Iniciativa Privada y consumidores para reducir la informalidad laboral en México.
“Las consecuencias de no incentivar la formalidad son unidades económicas con bajos salarios, mayor desigualdad, escasa estabilidad laboral, vulnerabilidad de los derechos laborales y prácticamente nula contribución al sistema tributario”, advirtió.
La CONCANACO SERVYTUR México propone y respalda medidas para establecer normas que combatan la informalidad, además de crear conciencia de las ventajas que ofrece a los ciudadanos un régimen formal. Por ejemplo, se busca eliminar dos trámites por cada nuevo procedimiento generado.
