Redacción
Pese a las críticas, los mandatarios estatales pertenecientes a la 4T aseguraron que dan su total respaldo a los nuevos libros de texto gratuitos en el regreso a clases para el ciclo escolar 2023-2024 aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación indique lo contrario.
Aunque existen algunas entidades como el Estado de México y Chihuahua que lograron obtener un amparo para frenar la entrega de los materiales, para los gobernadores morenistas no hay ningún pretexto para que los menores de edad comiencen el año de forma adecuada.
Por medio de un comunicado, declararon que la Suprema Corte está decidida en frenar la distribución de las herramientas de estudio de niños y niñas de educación básica, por lo que respaldan totalmente el proyecto de la SEP y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Su actitud como servidores de grupos de interés y facciones conservadoras y no del pueblo de México, queda clara al impedir la distribución de los Nuevos Libros de Texto Gratuito en algunos estados, al proteger a evasores fiscales y, en lo que es un máximo absurdo, al pretender fallidamente, destituir al propio presidente de la República”,
Exigen que ministros sean elegidos por voto popular
Ante las “trabas” que les ha interpuesto la SCJN, los mandatarios de Morena reiteraron que no están de acuerdo con que la educación de millones de menores sea frustrada en el intento de la oposición de retener los libros.
Por tal motivo, exhortaron a los mexicanos a exigir que cada uno de los miembros de la Suprema Corte en un futuro puedan ser elegidos por medio del voto de la gente y no por designación como se efectúa normalmente.
“Nos pronunciamos porque los integrantes de la SCJN sean electos, no ya a través de componendas partidistas y favores presidenciales a unos cuantos, sino a través de voto universal, libre, directo y secreto del pueblo de México, tal y como sucede con los poderes Ejecutivo y Legislativo”, detallan en su comunicado.
Y es que, desde su perspectiva, la decisión de otorgar amparos violenta directamente los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Mexicana y a la Ley Estatal de Educación que obliga a los gobiernos locales a entregar en tiempo y forma los materiales que usarán los niños de primaria.
