El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que busca impedir que la población migrante en situación irregular lleguen a su estado.
La ley contempla penas de hasta 15 años de cárcel a quienes transporten a los migrantes a Florida, así como multas a empleadores que los contraten.
La medida es una de las más severas en Estados Unidos por los grupos de defensa de los derechos de migrantes y fue aprobada la semana pasada por el Congreso de Florida, cuya mayoría es Republicana.
La ley también considera multas y revocación de licencias a las empresas que no aseguren a legalidad migratoria de todos sus trabajadores.
Obliga a los hospitales y centros médicos del estado a recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes.
También impide que los abogados amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), mejor conocidos como “soñadores” (dreamers), puedan ejercer e derecho a partir de noviembre del 2028.
La legislación amplía los requisitos par que os negocios que cuenten con más de 25 empleados utilicen el E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar de manera legal en Estados Unidos.
Prohibe también que los gobiernos locales brinden dinero a las organizaciones que emitan documentos de identidad a las personas que se encuentran de manera ilegal en e país e invalida las licencias de conducir emitidas en otros estados en posesión de migrantes en situación irregular.
