Redacción
La ausencia de sentencias firmes en casos de envergadura para la justicia en México, así como “la evidencia pública” el uso político-electoral de las instituciones impartidoras de justicia ha vuelto a afectar en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
De acuerdo con el más reciente estudio de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, la nación azteca cerró por tercera ocasión con 31 de 100 puntos en el IPC; siendo esta cifra la mejor calificación posible – y a la cual se acercaron naciones como Dinamarca (90), Finlandia y Nueva Zelanda (87), Noruega (84) y Singapur y Suecia (83),
Por su parte, México compartió puesto con Bolivia, Laos y Uzbekistán: el 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. No así en comparación con los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los cuales México ocupó la última posición.
A ello, la República Mexicana ocupó el penúltimo lugar en el IPC del llamado G20 – que incluye a las principales economía -, tan sólo superado por Rusia.
Cabe señalar que los índices para México en el 2019 y 2020 ilustraban un tendencia positiva en materia de control efectivo de la corrupción.
No obstante, afirmó el comunicado, la ausencia de sentencias firmas restaron puntos a la credibilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para “para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio”, especialmente ante grandes casos de corrupción que hasta el día de hoy carecen sentencias firmes, tales como Odebrecht, la Estafa Maestra o los vinculados con el caso Agronitrogenados en Petróleos Mexicanos o de Segalmex.
“Pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas; ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados”, aseveró el documento advirtiendo que ello conlleva una mayor evidencia pública de que autoridades responsables de la impartición de justicia podrían utilizar las instituciones de justicia con un sesgo político-electoral.
Recomendaciones para México
Ante el resultado de México en la última edición del estudio, se exhortó a las autoridades a aprovechar el potencial del Sistema Nacional Anticorrupción a fin de orientarlo a la sanción de los grandes casos de corrupción; esto tras considerarlo como la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país.
En ese sentido, se hizo un llamado al país para “cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad”, lo cual podría conseguirse con un re-enfoque de la estrategia anticorrupción hacia la reparación de daño a las víctimas y en la garantía de no repetición.
Además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, se recomienda garantizar protección a quienes investigan la corrupción, con el objetivo de que no sean blanco de represalias o agresiones.
Respecto al señalado uso de la anticorrupción con fines político-electorales, Transparencia Internacional afirmó que “la autonomía constitucional de la Fiscalía General no puede ser pretexto para el abuso de poder”.
Finalmente, se destacó la actuación de las autoridades mexicanas en casos de corrupción trasnacional, pues argumentó, “mientras que otros países sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales no avanzan en estos temas”.
