Redacción
Un juez federal dictó auto de apertura para el juicio en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht. Será un tribunal de enjuiciamiento el que, en los próximos días, dé a conocer la fecha en que iniciará el proceso.
De acuerdo a lo que se dio a conocer, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó 46 años de prisión para el exfuncionario, además de que apelarán que hayan sido desestimadas algunas pruebas contra el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que consideraban “clave” para el proceso
Esto en función de que, durante los días de comparecencia, la defensa legal de Lozoya, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros, pidió cancelar 48 de los 67 datos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía. Del total, 21 fueron excluidos y catalogados como ilícitos, 12 fueron descartados sólo de manera parcial y 12 fueron admitidos.
Por otro lado, la FGR había pedido que se desecharan 28 de las 38 pruebas presentadas por el exfuncionario, pero el juez de control Gerardo Alarcón López rechazó esta y todas las solicitudes de la dependencia, según los primeros reportes.
Tras ocho horas de audiencia, se indicó que serán investigados los actos que acusarían al funcionario por su presunta actuación en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita. Asimismo, trascendió que para su madre Gilda Margarita Austin han solicitado 21 años y tres meses.
Al finalizar la diligencia, el legista Ontiveros ofreció algunas declaraciones a las y los reporteros que se encontraban a las afueras del Reclusorio Norte y anticipó que el inicio del juicio podría sufrir varios retrasos.
La razón de esto es que la defensa del exservidor público presentó este mismo día una demanda de amparo con la intención de que las autoridades judiciales supriman a Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como víctimas o entidades ofendidas por el caso Odebrecht.
El argumento de los litigantes es que la participación de Pemex como denunciante no la convierte automáticamente en víctima, mientras que en cuanto a la UIF “no se advierte que haya recibido algún menoscabo en sus derechos patrimoniales”, reportó Milenio.
“¿Qué efectos tiene esa demanda [de amparo]? Suspende la materialización del auto de apertura a juicio de tal manera que se abre un tiempo prudente para que podamos materializar el último paso del criterio de oportunidad, que es la reparación del daño”, explicó el abogado Ontiveros al salir de la audiencia.
Por su parte, las apelaciones de la FGR para reincorporar las pruebas “clave” que fueron excluidas también suspenden el traslado del caso a un tribunal de enjuiciamiento en tanto no tengan una resolución oficial.
“Sigo insistiendo diez de diez de que vamos a lograr criterio de oportunidad al acuerdo reparatorio y que vamos a venir por él aquí para llevarlo a su casa [sic.]”, añadió Miguel Ontiveros.
Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Mallorca, España y llegó extraditado a México el 17 de julio de 2020 de ese mismo año, luego de haber pactado con la FGR para entregarle nombres de altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto involucrados en casos de corrupción.
Logró retrasar la entrega de pruebas que le había prometido a las autoridades e incluso consiguió que se le otorgara el arraigo domiciliario. Sin embargo, el 3 de noviembre de 2021 acudió a una audiencia en el Reclusorio Norte y la FGR consiguió que se dictara prisión preventiva en su contra. Desde entonces, permanece en el penal de la alcaldía Gustavo A. Madero.
